Dilma Rousseff se hunde en la crisis política de Brasil
El rechazo de las cuentas de 2014
por el Tribunal de Cuentas da más combustible a la oposición para pedir la
destitución de la presidenta
La presidenta de Brasil, Dilma
Rousseff, recibió este miércoles una pésima noticia para su gestión: el
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) decidió de forma unánime rechazar las cuentas del Gobierno de 2014. Esta sospecha,
de que el Gobierno hizo maniobras fiscales irregulares, es una de las apuestas
más fuertes de los opositores para respaldar jurídicamente una posible
destitución de Rousseff, sumida en una prolongada recesión económica y una grave crisis política
cuyos efectos son difíciles de predecir.
Es la primera vez que el Tribunal de Cuentas declara que un Gobierno no cumplió
sus obligaciones fiscales desde 1937, cuando rechazó los números del presidente
Getúlio Vargas (que fue apartado del cargo por un decreto
presidencial).
Este martes, además, el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una investigación sobre presuntas irregularidades de financiación de la campaña presidencial de Rousseff, el pasado octubre. Los opositores están apostando por esas dos vías para iniciar un proceso de impeachment. En el caso de delitos de responsabilidad fiscal, el proceso de destitución se desarrollaría en el Congreso. En el segundo, financiación ilegal en la campaña electoral de 2014, la Justicia Electoral podría anular su mandato.
El Tribunal de Cuentas es una institución de bajo voltaje político, pero la votación de la noche del miércoles estaba cargada de significado y los brasileños la siguieron con atención, en retransmisiones en directo por televisión e Internet. La decisión no abre paso necesariamente para que Rousseff deje el poder. En las condiciones actuales, y descontadas las oscilaciones de esta crisis, el rechazo de cuentas puede no prosperar en el Senado, controlado todavía por la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT). Pero proporciona más argumentos a la oposición en sus solicitudes de destitución en la Cámara baja, central en el proceso, y puede ayudar a resucitar las movilizaciones que exigen su salida.
Los expertos consideran el golpe del Tribunal de Cuentas a la gestión de Rousseff más político que práctico, por ahora. Hay quienes entienden que no cabría la destitución de la presidenta por delitos cometidos en el mandato anterior (fue reelegida en 2014 y empezó un nuevo mandato en enero). Sin embargo, se estudia si las maniobras no se produjeron hasta febrero de este año, en la actual legislatura. Otros dicen incluso que, como fue reelegida, sus decisiones del pasado sí afectan al actual Gobierno. Todo oscilará en función de los inestables apoyos de la presidenta, que cuenta con menos del 10% de aprobación y tiene aliados poco confiables en el Congreso, a pesar de que la semana pasada reformó su gabinete para acomodar aliados y romper su aislamiento.
Este martes, además, el Tribunal Superior Electoral (TSE) abrió una investigación sobre presuntas irregularidades de financiación de la campaña presidencial de Rousseff, el pasado octubre. Los opositores están apostando por esas dos vías para iniciar un proceso de impeachment. En el caso de delitos de responsabilidad fiscal, el proceso de destitución se desarrollaría en el Congreso. En el segundo, financiación ilegal en la campaña electoral de 2014, la Justicia Electoral podría anular su mandato.
El Tribunal de Cuentas es una institución de bajo voltaje político, pero la votación de la noche del miércoles estaba cargada de significado y los brasileños la siguieron con atención, en retransmisiones en directo por televisión e Internet. La decisión no abre paso necesariamente para que Rousseff deje el poder. En las condiciones actuales, y descontadas las oscilaciones de esta crisis, el rechazo de cuentas puede no prosperar en el Senado, controlado todavía por la mandataria del Partido de los Trabajadores (PT). Pero proporciona más argumentos a la oposición en sus solicitudes de destitución en la Cámara baja, central en el proceso, y puede ayudar a resucitar las movilizaciones que exigen su salida.
Los expertos consideran el golpe del Tribunal de Cuentas a la gestión de Rousseff más político que práctico, por ahora. Hay quienes entienden que no cabría la destitución de la presidenta por delitos cometidos en el mandato anterior (fue reelegida en 2014 y empezó un nuevo mandato en enero). Sin embargo, se estudia si las maniobras no se produjeron hasta febrero de este año, en la actual legislatura. Otros dicen incluso que, como fue reelegida, sus decisiones del pasado sí afectan al actual Gobierno. Todo oscilará en función de los inestables apoyos de la presidenta, que cuenta con menos del 10% de aprobación y tiene aliados poco confiables en el Congreso, a pesar de que la semana pasada reformó su gabinete para acomodar aliados y romper su aislamiento.
La decisión del tribunal será ahora
analizada por la Comisión Mixta de Presupuesto en el Congreso, presidida por la
senadora Rose de Freitas (Partido del Movimiento Democrático Brasileño, PMDB).
Freitas está vinculada al grupo del presidente del Senado, Renan Calheiros, que
en estos momentos es un aliado del Gobierno. En la comisión, lo probable es que
la discusión se prolongue a propósito. Y que, cuando se voten las cuentas,
estas sean aprobadas, aunque con reservas, según evaluó en ese miércoles la
consultoría de riesgo político Eurasia.
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El Gobierno de Brasil tiene muchos frentes abiertos a la vez, entre ellas
los problemas económicos de un país en recesión y resistencias en su propio
partido, lo que hace el escenario político muy volátil. La inestabilidad en la
base de apoyo del Gobierno en la Cámara aún es muy grande y ha quedado al
descubierto con las dos votaciones de esa semana. En ellas, Rousseff no ha
conseguido ni siquiera el número mínimo necesario de parlamentarios para
detener proyectos que aumentan el gasto con los funcionarios del Estado, que
pueden dañar el ajuste fiscal.
En ese frente de incertidumbre está
el imprevisible megaescándalo que investiga corrupción en la Petrobras. Ahora,
las investigaciones se acercan al crucial presidente de la Cámara, Eduardo
Cunha, acusado de tener cuentas secretas en Suiza. Sin embargo, esta semana,
con las dificultades del Gobierno para hacer valer su voluntad en el Congreso,
Cunha demostró que todavía tiene suficiente fuerza política como para controlar
una parte importante de los parlamentarios.
La oposición, criticada por el
apoyo incondicional a un posible corrupto a cambio de la destitución, ya prevé
que el presidente caiga tan pronto como se divulguen los extractos que prueban
la existencia de sus cuentas secretas. El diario O Globo asegura que los
extractos, que la Fiscalía General de la República está analizando, demuestran
que utilizó empresas offshore para operar esas cuentas. Un grupo de 30
diputados de siete partidos presentó una solicitud ante la Fiscalía de la
Cámara que se le retiren los derechos políticos. En este momento, Rousseff y
Cunha corren para determinar cuál de los dos se salvará.
